La impunidad con que ha sido aceptada la invasión del Tíbet por parte de China es, sin duda, una mancha negra en la historia de la humanidad. Pero no solamente es culpable el régimen comunista, también lo son todos los gobiernos que miran hacia otro lado y entran en permanente contradicción cuando se olvidan a cada instante de los Derechos Humanos, claudicando ante presiones económicas y políticas. En definitiva, ante todo tipo de intereses privados de multinacionales y grupos afines, para quienes el resto de personas no son más que meros consumistas al parecer despreciables.
España siempre fue admirada mundialmente por la aplicación de la Jurisdicción Universal desde el caso Pinochet, hace más de una década. Desde entonces nuestra ley se ha ido adaptando a los compromisos internacionales adquiridos al ratificar los diferentes convenios sobre los crímenes internacionales e universales más graves, tales como los de genocidio, tortura, terrorismo, crímenes de género, narcotráfico, piratería, etc… Ahora, vergonzosa e inexplicablemente se ha restringido la aplicación de la Jurisdicción Universal , y sin transparencia ni debate social. Una ley que afecta directamente a víctimas de todo el mundo, que define crímenes espeluznantes y ampara a sus víctimas allá donde se encuentren.
Cuando el simple rumor de un posible cambio en las leyes que soportan principios fundamentales universales, saltó al primer plano de la actualidad, ya se produjo la más decepcionante sorpresa.
La forma en que España limitó la Justicia Universal , de un día para otro y en silencio, bajo las presiones y amenazas del régimen chino, aunque resulta obvio que fueron intereses comerciales y económicos los que indujeron esta política del presidente Zapatero hacia China, resulta indignante. No se puede estar tan ciego y claudicar a cualquier precio, dado que esta actitud sumisa hacia el régimen de Pekín es, sin duda, vergonzosa.
UN GOLPE BAJO A
En un manifiesto del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) firmado por su director Alan Cantos y su vice-presidente José Elías Esteve, publicado el 23 de junio de 2009 bajo el título “A favor de la Justicia Universal ”, se destacó entre otras cosas, lo siguiente:
“La mayoría de diputados del Congreso curiosamente se pusieron de acuerdo para ahogar el principio de Justicia Universal, favoreciendo así más impunidad en el mundo.
Está claro, muy claro. Bastaron un par de quejas diplomáticas de países poderosos -y quizá algo más que no sabemos- sobre los procesos judiciales que estaban vigentes en España, para que el Congreso acordara demoler más de una década de éxitos y avances en la justicia internacional.
Todo esto con un claro punto de extraña rapidez y nocturnidad, al mismo borde de la ilegalidad para que no trascendiera ni se entendiera demasiado por parte de la opinión pública. Y todo ello en contra del más alto Tribunal, el Constitucional cuya sentencia del 2005 dejó meridianamente clara la ilegalidad de limitar la Justicia Universal con “el nexo nacional”, “la lejanía” , “la ajeneidad y las víctimas españolas”. Se diría que los que insisten en estas limitaciones están movidos por otras motivaciones o no saben leer. La Justicia Universal es universal, no sólo para españoles y vecinos cercanos, y los Crímenes contra la Humanidad son contra la Humanidad , no contra ciudadanos o intereses españoles.
A la vista de la resolución parlamentaria de cambiar la ley y la cantidad de artículos, editoriales y comentarios que la han precedido en todos los medios de comunicación, quedó constatado que:
- La planificación de este proceso implica un golpe mortífero a la separación de poderes en la democracia española y un retroceso en la justicia internacional y universal.
- Básicamente se esta planificando políticamente que haya menos justicia y más impunidad en el mundo.
Siendo así, tomando como ejemplo el caso del Tíbet, y habida cuenta de que ningún querellado chino se encuentra en territorio español, ni que víctima alguna del genocidio tibetano es española, esta causa quedará definitivamente archivada.
Cabe ahora preguntarse: ¿Esta decisión, “reafirma el compromiso de este gobierno con la Justicia Universalla Vega ?
¿Dónde acudirán víctimas como las tibetanas, que tienen las puertas de la justicia cerradas en su propio país ocupado? ¿Al Tribunal Penal Internacional que China no reconoce y ahora su única luz de esperanza se desvanece?
¿Cómo un Gobierno, impulsor de la tan cacareada alianza de civilizaciones, cuyo eje debe ser el Derecho Internacional, y que cuando se encontraba en la oposición en su día, salía a la calle para exigir la extradición de Pinochet y para denunciar firmemente la guerra de Irak, acaba bloqueando el enjuiciamiento de estos crímenes y apuesta descaradamente por la impunidad? ¿Qué ha sucedido para que los argumentos jurídicos del fiscal general del Estado en favor de la justicia universal (“El fiscal defiende que España pueda juzgar los genocidios sin restricciones” - El País de 21 de noviembre de 2004), ahora hayan dado un vuelco de 180 grados? ¿A qué y a quién obedece ese giro? Difícilmente se ha podido pensar en los muertos de los genocidios de Ruanda y Guatemala, a los argentinos arrojados al mar, a los chilenos masacrados por la dictadura de Pinochet, a los niños palestinos asesinados en Gaza y a las mujeres tibetanas esterilizadas y torturadas hasta la muerte por defender la no-violencia.
Lo más vergonzoso es que ni siquiera se intenta ocultar que la motivación es diplomática y económica, y rara vez se menciona nuestra ley, que recoge estos crímenes gravísimos (Articulo 23 de la LOPJ ), ni la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005 que ampara la aplicación de la Justicia Universal sin limitaciones y demás compromisos del Estado con los Convenios y las leyes internacionales.
La inmensa mayoría de los comentarios jaleando o justificando “la necesidad de limitar la Justicia Universal ” denotan un desconocimiento del Derecho Internacional, del funcionamiento de la justicia en general y de la Audiencia Nacional en particular.
En la manipulación de los argumentos en esta supuesta “necesidad de limitar la Justicia Universal ” se repiten ad nauseam las frases de la “indignación diplomática”, “las graves repercusiones políticas”, la amenaza o simple miedo cerval de “pérdida de contratos” y de amistad con estos países poderosos, cuando en la realidad esto nunca ocurre, pero se ha convertido en un “tópico mediático y político” que todo el mundo repite de forma incesante. No hay prácticamente precedentes excepto alguna reunión cancelada o pospuesta; es una gran burbuja de miedo y mentira que dura lo que un titular de periódico.
Con todo esto aflora la opinión personal o editorial tan respetable como peligrosa y manipuladora cuando no se sustenta en una argumentación rigurosa conforme al Derecho Internacional. Se mezcla el impacto social o político de algunos casos con la generalidad, desvirtuando la función misma de la Audiencia Nacional. La ironía, la crítica poco constructiva y el ataque personal a jueces por un caso en particular se mezclan con descalificaciones de todo el sistema.
Una vez más se venden periódicos día a día con falsas polémicas, falsas amenazas, falsos tópicos y miedos libres. Algunos altos cargos incluso describen despectivamente a los casos de Justicia Universal que persiguen los crímenes más horrendos como “casos exóticos”. Nunca se menciona a las víctimas, ni los avances en justicia conseguidos directa e indirectamente gracias al coraje de abogados y jueces, y tampoco se menciona el positivo efecto en la democratización y reconciliación de los pueblos, el consuelo de las víctimas y la necesidad del “nunca más”.
Limitar la justicia, en medicina equivaldría a discriminar a enfermedades y enfermos como nacionales (a los que hay que cuidar), o “lejanos o exóticos” a los que hay que rechazar.
En todo caso, los creadores de opinión pública, juristas y políticos detractores de esta jurisdicción universal, tal y como denuncia el fiscal anticorrupción y pionero en la lucha contra la impunidad, Carlos Castresana: “ciegos al mundo de los valores, sumisos a las relaciones de poder y dominación, e insensibles a la ubicación de las soluciones jurídicas en el tiempo, para atender a las necesidades humanas cambiantes”, no deberían perderse de vista los valores a los que apelan las víctimas y la ciudadanía a través de acusaciones particulares; valores y principios, no sólo éticos, sino jurídicos, que deben ser en la práctica la base inspiradora y reguladora de todo el orden internacional, más allá de toda conveniencia política y de los mercados.
Hasta ahora, España había demostrado sensibilidad en materia social y de Derechos Humanos. Entonces ¿por qué estropearlo suprimiendo la Justicia Universal o preconizando el levantamiento del embargo de armas por parte de la Unión Europea ? ¿por qué defender y ayudar a lavar la cara de un régimen que se revela más como un peligro que como un aliado digno de confianza?
Por obra y gracia de quienes la gobiernan, España está perdiendo sus valores más elementales y parece ser que con la única finalidad de congraciarse con China y otros países a los que prefiere tener como “amigos”, aunque sea a base de pisotear los Derechos Humanos.
El presidente J.L.Rodriguez Zapatero y quienes le apoyan están obligados a hacer una reflexión sobre si vale la pena el apoyo incondicional que muestra en relación al régimen de Pekín, considerando que están obligados a mantener una coherencia ante la propia población española, Europa y el resto del mundo”.
El veterano periodista José García Abad en su libro “El Maquiavelo de León” (el título lo dice todo) describe al máximo responsable del Ejecutivo español como “…de una frialdad extraordinaria, terco, hipotenso, personalmente amable, pero políticamente implacable. No tiene un proyecto coherente de Gobierno, va a salto de mata en función de lo que se vende mejor y está obsesionado con salir en las fotos. Piensa que sólo él tiene la verdad y que su intuición es infalible…”
Quien tanto suele hablar de “conseguir y defender logros sociales” y alardea de progresista, no parece tener una gran sensibilidad en materia de Derechos Humanos y al frente de un Gobierno que bascula de forma imprecisa e incoherente ante los ojos de una sorprendida Europa que asiste impasible a su desprestigio y ocaso político, no duda en abrir los brazos y facilitar la impunidad a países como China, por citar sólo un ejemplo sangrante, en aras de conseguir “estrechar sus relaciones”, aunque sea a costa de miles y miles de víctimas de uno de los mayores genocidios que se conocen desde el que llevaron a cabo los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo español?
¿Es éste el ejemplo que tenemos que enseñar a las jóvenes generaciones?
No es de extrañar que en este mundo en constante zozobra en el que se desenvuelve el gobierno español y sin un proyecto claro más que el de mantenerse en el poder a toda costa, los ciudadanos, la sociedad española en general, responda mostrando su indignación, rechazo y el mayor de los escepticismos sobre todo lo relacionado con algo tan cargado de descrédito e incoherencia en que se ha convertido eso que se ha dado en denominar “política”.
Finalmente, el pasado mes de noviembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacionalla Justicia Universal. En el auto de cierre el juez ignoró la mayor parte de los argumentos legales, jurídicos y éticos que los abogados del CAT le presentaron a petición suya.
El caso del Tíbet en la Audiencia Nacionalla Justicia Universal en España.
Lamentable e indignante.